La violencia (del Lat. violentia) es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede provocar, daños físicos o psíquicos a otros seres, y se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión, ya que también puede ser psíquica o emocional, a través de amenazas u ofensas. Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la sociedad, otras son crímenes. Distintas sociedades aplican diversos estándares en cuanto a las formas de violencia que son o no son aceptadas.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Violenciamiércoles, 22 de abril de 2009
Violencia Intrafamiliar
Vamos a definir la violencia Intrafamiliar como aquella violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Entendemos que la violencia doméstica es un modelo de conductas aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. También puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o coerción económica.
Hay autores que señalan que la violencia Intrafamiliar se da básicamente por tres factores; uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente; y además en algunas personas podrían aparecer variables de abuso de alcohol y drogas.
Hay autores que señalan que la violencia Intrafamiliar se da básicamente por tres factores; uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente; y además en algunas personas podrían aparecer variables de abuso de alcohol y drogas.
Conflicto armado en Colombia
El conflicto armado colombiano es un conflicto armado interno que se desarrolla en Colombia desde principios de la década de los años 1960 pasando por una serie de etapas de recrudecimiento, en especial cuando algunos sectores se comenzaron a financiar con el narcotráfico. El conflicto, tiene antecedentes históricos en "La Violencia" conflicto bipartidista de la década de 1950 y de años anteriores que datan a la época colonial cuando Colombia siendo la Nueva Granada se independizó del régimen monárquico español. Sin embargo, la época en que se presentó un mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988, cuando el estaba en la presidencia Virgilio Barco y se rompieron los diálogos de paz con las guerrillas, hasta 2003 con el accionar del estado, las guerrillas, grupos de narcotraficantes y paramilitares, durante el inicio de la presidencia de Alvaro Uribe.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_colombiano
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_colombiano
CALI, ENTRE VIOLENCIA Y POBREZA
Uno de los anuncios que se ha hecho últimamente es el de que se realizaran recompensas diarias de 5 millones de pesos por los homicidios que se puedan esclarecer y los actos violentos que se puedan evitar gracias a la colaboración de la ciudadanía. Esto lograra un incremento de la seguridad en cali, puesto que ultimamente se ha caracterizado por ser una ciudad muy violenta, por ello el anuncio del presidente uribe es muy pertinente para el momento por el que atravieza nuestra ciudad.
Fuente: http://www.diariooccidente.com.co/publicaciones.php?id=37153
Zanahoria y garrote
La violencia urbana tiene muchas causas y es iluso pensar en controlarla atacando únicamente una de ellas.
Del debate realizado la semana pasada en el Concejo sobre la modificación de la hora zanahoria quedaron algunas cosas claras. Quedó claro que si bien el número de homicidios (expresión máxima de la criminalidad) disminuyó el año pasado, la disminución se debió de manera exclusiva al efecto del primer semestre por cuanto en TODOS los meses del segundo se observó un aumento comparativo. Dicho en términos coloquiales Cali ganó el 2008, a pesar haber perdido el segundo semestre.
Quedó claro también que la tendencia al aumento de homicidios del segundo semestre se continúa en éste año. Según los datos del propio Observatorio Social de Cali, en los primeros tres meses tuvimos 75 homicidios más que en el año anterior, muertes que se concentraron principalmente en las horas de la madrugada del domingo y del viernes en la noche. Cuando las muertes ocurren en la noche y especialmente en los fines de semana, es lógico pensar que éstas se deban a consumo de alcohol. Esto fue ratificado por Medicina Legal, al certificar que efectivamente se encontraron elevados niveles de alcohol en gran porcentaje de las víctimas. Puesto que en julio de 2008, la Administración Municipal, acogiendo la petición del gremio de empresarios de la noche, amplió en una hora la Ley Zanahoria y a partir de ese momento comenzaron a elevarse los homicidios, es lógico y consecuente que la misma Administración haya reversado su decisión.
El alcohol es un potente agente sicotrópico que tiene efectos similares a los de la cocaína, aunque su consumo sea legal y estimulado oficialmente, como lo hace el Gobernador del Valle en un comercial de radio, su consumo elevado o compulsivo, -cinco tragos o más en una hora- está demostrado que se asocia con comportamientos conflictivos y de violencia. Por tanto, tratar de disminuir su abuso hace bien a la sociedad.
La justificación de reducir la hora zanahoria se basa en la presunción de que al tener menos tiempo para beber el consumo de alcohol se disminuye. Ahora bien, si por falta de control de la Secretaría de Gobierno y de la Policía o si el consumo se desplaza a municipios vecinos, reducir una hora no tiene efecto. Si Cali decretara ley seca durante las 24 horas, pero por falta de control, el consumo no disminuyera, no se habría hecho nada. Las medidas represivas —que llamamos de ”garrote”—, como la disminución del horario o el control de los bares improvisados en los andenes o de la venta en las estaciones de gasolina y otros sitios, son eficaces como medidas de choque, pero no resuelven el problema de fondo.
Menciono algunas medidas adicionales indispensables, a título de ejemplo: apoyo económico y social a las labores de la Policía y la justicia; educación ciudadana en tolerancia y en los efectos nocivos de la violencia intrafamiliar; programas para ofrecer a jóvenes vulnerables, que son a la vez víctimas y victimarios, educación y oportunidades de inserción social; inversión social masiva para mejorar el entorno de las comunas más afectadas –en cinco comunas está la mitad de todo el aumento observado de la violencia en el primer trimestre-.
La violencia urbana tiene muchas causas y es iluso pensar en controlarla atacando únicamente una de ellas, como es endureciendo la Ley Zanahoria. El conjunto de las intervenciones necesarias para controlarla deberían estar bajo una política pública de seguridad que, desafortunadamente, no existe en Cali.
Violencia intrafamiliar
En el caso de Cali, de acuerdo con del Observatorio de Violencia Intrafamiliar de la Secretaria de Salud de Cali, en el primer semestre del 2005 se registraron 3044 casos de violencia intrafamiliar dirigida especialmente a los niños, que habitaban en sectores marginales. De éstos, un 14% fueron casos registrados en niños entre 10 y 14 años, seguidos por el maltrato a niños entre 5y 9 años con un 12%.
martes, 21 de abril de 2009
Violencia en Colombia
La Violencia fue un período de la historia colombiana caracterizado por las fuertes peleas entre Liberales y Conservadores, hasta el punto de haber asesinatos, odios, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por el alineamiento político, desatados el 9 de abril de 1948, tras el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán y los desórdenes que le siguieron inmediatamente, conocidos como el Bogotazo. Algunos autores situan este periodo hasta 1953.
Otros factores que contribuyeron a la prolongación de La Violencia fueron los temores anticomunistas de la clase dirigente, la privación económica de los sectores populares y un rígido sistema de partidos que solo permitía participación de dos partidos políticos.
En el año 1957, el Partido Liberal y el Partido Conservador llegaron a un acuerdo para poner fin a la violencia y formaron una coalición llamada el Frente Nacional. Mediante este acuerdo los dos partidos se proponían apoyar a un único candidato presidencial y se dividían todos los cargos oficiales por igual. De esta manera se logró estabilidad política por 16 años. Una oposición no esperada se llevó a cabo por aquellos partidos que no habían sido involucrados en el acuerdo, como la Anapo o Alianza Nacional Popular organizado por el depuesto general Gustavo Rojas Pinilla.
Ley Zanahoria aún no deja resultados
La cifra de homicidios se mantuvo. El domingo, el día más violento.
En el primer fin de semana de la aplicación de la Ley Zanahoria, propuesta por la Alcaldía para reducir los homicidios en la ciudad, los resultados esperados aún no se perciben.
Según las estadísticas de la Policía Metropolitana, entre el viernes y domingo pasados se presentaron quince homicidios. Esta cifra fue igual a la del fin de semana del 3 al 5 de abril, cuando ocurrieron también 15. Durante la Semana Santa se registraron, en el mismo lapso, 8 muertes violentas, disminución que se da por la cantidad de personas que salen de Cali por del puente festivo.
Sin embargo, hubo un hecho que dejó preocupadas a las autoridades: los homicidios de este domingo, comparados con los de los otros fines de semana, se dispararon, pues hubo 8. (Ver gráfico)
El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Gustavo Adolfo Ricaurte, reconoció el hecho y tildó el día como “muy complicado”. “El viernes a amanecer sábado hubo una reducción y el domingo en la mañana no tuvimos inconvenientes. Pero a las 3:00 p.m. se dispararon los homicidios en Aguablanca, pero sobre todo, en El Diamante”, dijo.
Ricaurte intentó explicar el fenómeno: “Todavía hay una gran de ingesta de licor en los barrios, especialmente en las vías, en algunas tiendas pequeñas se veía la gente consumiendo cerveza. Y las personas inician tomándose una o dos en la tienda y se van a su residencia y sigue tomando licor en la acera”, acotó.
No obstante, Ricaurte insistió en que la Ley Zanahoria debe continuar.
El general Gustavo Ricaurte recordó que en la ciudad hay más de 51.000 menores de edad que no van al colegio, pero están en la calle.
“El compromiso era que si se disparaba el homicidio, pues cerrábamos el grifo y como así pasó, pues éste se cerró. En 90 días veremos a ver cómo nos va, si se abre o cierra esa llave otra vez”, reiteró. En lo que sí pidió celeridad el Comandante de la Policía es en la problemática de los menores de edad en las calles a altas horas de la madrugada.
“Hemos visto muchos niños en la calle, unas barriadas inmensas, que empiezan a presentar problemas de comportamiento. Hay que organizar entre la Policía y Alcaldía algo para ellos, para que estén ocupados”, dijo.
Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, insistió en que hay que darle más tiempo a la medida.
“Mal haría que por un fin de semana vayamos a quitar la Ley Zanahoria, por el contrario, creemos profundamente en las bondades de la misma y así el Concejo, el Gobernador, el Secretario de Gobierno Departamental y los establecimientos no la quieran, mi responsabilidad con la comunidad es tomar todas las acciones necesarias para preservar la vida”, acotó Ospina.
A su turno, Fortunato García, subsecretario de Gobierno y Policía, dijo que durante este fin de semana se endurecieron los controles, que se reflejaron en el cierre de cinco establecimientos nocturnos por no cumplir con requisitos de ley, 70 comparendos a conductores ebrios en la vía hacia Juanchito y otros 7 hacia Menga, siete sanciones a personas por ingerir licor en la vía y otras cinco a menores de edad en la calle.
Pese a todo esto, Alejandro Vásquez, presidente de la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Cali, Asonod, indicó que los más beneficiados con la medida fueron los rumbeaderos de Menga y Juanchito, porque allá se trasladó la rumba. “No entiendo el por qué de esta medida, si las cifras nos indican en dónde es que suceden los homicidios. Esta es una decisión del Alcalde que va en contravía de la razón, así que esto me huele feo”, afirmó Vásquez.
Agregó que las pérdidas de su negocio fueron del 50%.
El gerente de la Industria de Licores del Valle, Doney Ospina, insistió en que esta medida será desfavorable para Cali. Primero afirmó que según estudios, los mayores márgenes de rentabilidad para los tenderos se da cuando venden licores. “Y creemos que se van a generar más de cinco mil desempleos nuevos en Cali, con unas consecuencias muy graves adicionales”.
viernes, 17 de abril de 2009
Seguridad en Cali
Ayer 16 de abril del 2009, escuchaba a locutor de la emisora Radio interancional decir que, lo que necesita Cali para acaabr con la violencia es implemenetar mas seguridad, ya que a la seguridad solo se destinan 13 mil millones y en Medellin que es una ciudad casi del mismo tamaño de Cali se destinan 50 mil millones, esta ultima no ha tenido ningún atentado terrorista en lo que va del año, en cambio Cali son 2 los que han ocurrido. En conclusión lo que se necesita es una reestructuración en la seguridad de Cali.
Se disparan denuncias de maltrato infantil
Tan sólo en el primer trimestre de este año, el Instituto de Bienestar Familiar del Valle, Icbf, ha recibido 1.497 denuncias de maltrato infantil en Cali, 519 más que en igual periodo del 2008.
Aunque los directivos del Icbf insisten en que este aumento no es una alarma. “Para nosotros el incremento de las denuncias es bueno, porque eso significa que hay un mayor conocimiento del Instituto y de las autoridades a las que se puede acudir en estos casos”, declaró María Nubia Ocampo, directora regional encargada del Instituto.
Lo que resulta más triste para las autoridades es que en el 70% de las denuncias de golpes, las mamás son quienes encabezan la lista de los victimarios. Y los más vulnerables e indefensos son los niños entre los 2 y 6 años.
Las lágrimas de estos pequeños se deben a varias razones: maltrato psicológico o físico, abuso sexual, negligencia de los padres y abandono.
Los funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano del Icbf aseguran que los profesores y vecinos siguen siendo los guardianes de estos menores y los únicos que se atreven a denunciar este tipo de violencia.
Pero para el personero de Cali, Manuel Torres, la falla está en la negligencia de algunas organizaciones del Estado. “El maltrato infantil ha aumentado y esto se debe en parte a que muchas comisarías de familia no se ajustan a la Ley y no tienen ni defensores ni psicólogos que atiendan esta situación”.
Aunque para proteger a los menores es necesario combatir el fantasma de la violencia familiar, en donde los niños son los grandes damnificados. Los datos de la Secretaría de Salud de Cali lo demuestran. De los casos reportados el año pasado, el 30% correspondía a maltrato contra niños entre los o y 12 años.
jueves, 16 de abril de 2009
Barras bravas
En el video también pudimos observar que no solo en las barras bravas se genera violencia, sino en las entidades deportivas como pudimos ver el tecnico del America le pego un puño al tecnico del Cali, y esto solo causo más tensión en las tribunas y creó más descontrol en las barras
Violencia en Cali: Barras Bravas
Como podemos ver en este video, las barras barvas son generadores de violencia de derechos humanos, ya que no sol se agreden entre ellos mismo sino que tambien a personas inocentes, y no solo las agreden, las roban, las violan y las pueden llevar hasta la muerte
Prevencion de la Violencia Intrafamiliar
Entendida como “Aquel acto de poder u omisión único o repetitivo e intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicológica, emocional o sexualmente, a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar que tenga alguna relación de parentesco por consanguinidad, tengan o lo hayan tenido por afinidad, civil: matrimonio, o mantengan una relación de hecho; y que tiene por efecto causar daño independientemente de que produzca lesiones...."
CISALVA en los últimos años en la línea de violencia intrafamiliar, ha avanzado principalmente en el desarrollo, implementación y evaluación sistemas de vigilancia en violencia intrafamiliar, trabajo en red, acompañamiento a los desarrollos en materia de prevención y atención de violencia intrafamiliar que han permitido contribuir al desarrollo o fortalecimiento de políticas de prevención y mejoramiento de la atención en VIF a nivel local y regional. Involucrando la perspectiva de diversas disciplinas: Medicina, epidemiología, ciencias sociales bioestadística, con el propósito de encontrar soluciones a problemas de la violencia intrafamiliar desde distintas ópticas de diversas disciplinas. Los resultados de los desarrollos en esta línea de investigación, además de generar respuestas específicas, generan nuevas preguntas de investigación frente al tema.
Cali y Buenaventura municipios más afectados en Derechos Humanos en en Valle del Cauca
Para los grupos armados ilegales y el negocio del narcotráfico, el Valle del Cauca cuenta con características que lo configuran como un departamento de importancia estratégica: además de contar con el principal puerto del país en el Océano Pacífico, sus amplias zonas selváticas y montañosas propicias para importación y exportación de drogas y armas, es el principal polo de desarrollo económico y social del occidente colombiano.
Así lo destaca el Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH en su más reciente análisis sobre la situación de derechos humanos en el Valle del Cauca. Al revisar los indicadores de situación entre los años 2000 y 2004, el Observatorio destaca las altas tasas de homicidio y cómo las masacres, el desplazamiento forzado y los secuestros, muestran una tendencia a la baja. Cali y Buenaventura se configuran en este panorama como los municipios más afectados en gran parte de los indicadores analizados por el Observatorio.
Los homicidios se han mantenido en un nivel elevado y relativamente constante durante el período tratado por el análisis. Según el Observatorio, en 2000 se registraron 4.257 homicidios y 4.234 en 2004. Los 3.946 homicidios registrados en 2003 son el número más bajo en el período estudiado, que comparado con el año 2002, representa una disminución del 6%. Según el Observatorio, “en todos los años del periodo, la tasa departamental ha sido superior a la nacional en más de 30 puntos y en el año 2004 la superó en 50,7 puntos porcentuales, al registrarse 95 homicidios por cada cien mil habitantes en el departamento frente a una tasa nacional de 44,2”.
Cali concentra un porcentaje importante de los homicidios cometidos en el departamento. Según el análisis, la capital de Valle “ha sido el municipio que ha concentrado el mayor número absoluto de homicidios, registrando entre el 46% y el 54% del total departamental de homicidios entre 2000 y 2004”. Municipios como Buenaventura y Tuluá han sido afectados también por esta violación. En el primero, se evidencia una tendencia a la baja ya que en 2000 registra 440 mientras que en 2004, 263. En Tuluá, el panorama es constante al presentar 237 en 2000 y 235 en 2004.
Las masacres en el Valle, aunque han venido presentando una disminución, registran un alto número de víctimas. De acuerdo con el análisis, “en el departamento se han presentado en promedio más de 13 masacres durante cada uno de los años analizados, siendo 2000 el año en que acaecieron el mayor número de masacres (24), seguido por el año 2003, cuando se registraron 17. No obstante, las masacres más letales se presentaron en el año 2001, cuando se registró un promedio superior a 6 víctimas por masacre y en el resto de los años analizados la letalidad de las masacres estuvo alrededor de 5 víctimas”.
En esta variable, Cali vuelve a ser el municipio más afectado en el período analizado. Entre 2000 y 2004, en la ciudad se presentaron más de 2 de estos hechos en cada uno de estos años. 2003 fue el año más crítico en este sentido al registrar 6 casos. Un año después, se presentaron 3 masacres. Buenaventura es el segundo municipio más afectado con 7 casos en 2000, 3 en 2002 y 4 en 2003.
Los secuestros, según el Observatorio de Derechos Humanos, muestran una marcada tendencia a la baja durante el periodo analizado, al pasar de 285 secuestros registrados en el año 2000 a 65 en 2004. Los municipios más afectados en cada uno de los años analizados fueron Cali y Buenaventura, además de Dagua, Palmira, Tuluá, Florida y Candelaria. Valle ha sido testigo de secuestros como el de los 180 feligreses de la iglesia La María en 1999 y el secuestro de 79 personas en el kilómetro 18 de la vía Cali – Buenaventura, responsabilidad del ELN; y del secuestro de los 12 diputados de la Asamblea del Valle por las FARC.
Sobre los sectores sociales más afectados, el análisis menciona que en 2003 se registraron 9 homicidios de sindicalistas, cifra que aumenta a 10 en 2004. Solo en Cali, entre 2003 y 2004, se presentaron nueve de estos hechos.
Los contactos armados desarrollados por parte de la Fuerza Pública contra los grupos armados ilegales crecieron al pasar de 33 en 2000 a 40 en el último año considerado por el análisis, lo que representa un aumento del 21%. En total, durante el lapso del análisis se cuentan 153 contactos desarrollados por la Fuerza Pública. Estos datos contrastan con las acciones de los grupos armados irregulares, que incluyen actos terroristas, asaltos a poblaciones, ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, emboscadas, hostigamientos y piratería terrestre; estas acciones tienden a la baja al pasar de 105 en el año 2000 a 68 en 2004, lo que significa una reducción del 35% durante los cuatro años estudiados, en los cuales se presentaron un total de 318 acciones de los grupos armados ilegales. En el período analizado, Cali ha sido la más afectada por las acciones de los grupos ilegales: entre 2000 y 2004 se cuentan 143 acciones, lo que representa el 45% del total de estos hechos en el departamento. Buenaventura ha sido el segundo municipio más afectado, con un total de 41 acciones.
El desplazamiento forzado es una de las variables que muestra mayores índices de disminución en el departamento, al pasar de 17.102 personas desplazadas en 2000 a 3.326 en 2004. Según el Observatorio de Derechos Humanos y DIH, “Valle es un departamento receptor no sólo de los habitantes de sus municipios sino también de otras jurisdicciones como el Cauca, Chocó, Antioquia, Huila y algunos departamentos del sur oriente del país”. Buenaventura ha sido el municipio más afectado en el tema de desplazamiento forzado: en 2000, el 38% de los desplazados del Valle salieron de allí; en 2001 y 2003 el 51% y el 71% de las personas desplazadas respectivamente, salieron de este municipio.
Los accidentes, incidentes y víctimas por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Abandonadas Sin Explotar (MASE), muestran una tendencia al alza durante el período de análisis. Se registran, según datos del Observatorio de Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República 57 eventos: el 18% (10) fueron accidentes y el 82% (47) incidentes. Según el análisis, “de las quince personas heridas por estos artefactos en el departamento durante el periodo, el 27% fueron civiles y el 73% militares. En cuanto a las víctimas fatales (15) en el mismo lapso de tiempo, el 93% fueron militares y el 7% civiles”.
Finalmente, el análisis del Observatorio coteja cifras de los dos primeros meses de 2004 y 2005, según las cuales, se presenta una disminución del 17% en los homicidios en los dos primeros meses de 2005 y una merma igual en las masacres, así como una reducción del 84% en materia de desplazamiento forzado. No obstante, los secuestros en el departamento aumentaron en un 70%.
http://www.derechoshumanos.gov.co/PNA/especialddhhvalleindicadores1.asp
Así lo destaca el Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH en su más reciente análisis sobre la situación de derechos humanos en el Valle del Cauca. Al revisar los indicadores de situación entre los años 2000 y 2004, el Observatorio destaca las altas tasas de homicidio y cómo las masacres, el desplazamiento forzado y los secuestros, muestran una tendencia a la baja. Cali y Buenaventura se configuran en este panorama como los municipios más afectados en gran parte de los indicadores analizados por el Observatorio.
Los homicidios se han mantenido en un nivel elevado y relativamente constante durante el período tratado por el análisis. Según el Observatorio, en 2000 se registraron 4.257 homicidios y 4.234 en 2004. Los 3.946 homicidios registrados en 2003 son el número más bajo en el período estudiado, que comparado con el año 2002, representa una disminución del 6%. Según el Observatorio, “en todos los años del periodo, la tasa departamental ha sido superior a la nacional en más de 30 puntos y en el año 2004 la superó en 50,7 puntos porcentuales, al registrarse 95 homicidios por cada cien mil habitantes en el departamento frente a una tasa nacional de 44,2”.
Cali concentra un porcentaje importante de los homicidios cometidos en el departamento. Según el análisis, la capital de Valle “ha sido el municipio que ha concentrado el mayor número absoluto de homicidios, registrando entre el 46% y el 54% del total departamental de homicidios entre 2000 y 2004”. Municipios como Buenaventura y Tuluá han sido afectados también por esta violación. En el primero, se evidencia una tendencia a la baja ya que en 2000 registra 440 mientras que en 2004, 263. En Tuluá, el panorama es constante al presentar 237 en 2000 y 235 en 2004.
Las masacres en el Valle, aunque han venido presentando una disminución, registran un alto número de víctimas. De acuerdo con el análisis, “en el departamento se han presentado en promedio más de 13 masacres durante cada uno de los años analizados, siendo 2000 el año en que acaecieron el mayor número de masacres (24), seguido por el año 2003, cuando se registraron 17. No obstante, las masacres más letales se presentaron en el año 2001, cuando se registró un promedio superior a 6 víctimas por masacre y en el resto de los años analizados la letalidad de las masacres estuvo alrededor de 5 víctimas”.
En esta variable, Cali vuelve a ser el municipio más afectado en el período analizado. Entre 2000 y 2004, en la ciudad se presentaron más de 2 de estos hechos en cada uno de estos años. 2003 fue el año más crítico en este sentido al registrar 6 casos. Un año después, se presentaron 3 masacres. Buenaventura es el segundo municipio más afectado con 7 casos en 2000, 3 en 2002 y 4 en 2003.
Los secuestros, según el Observatorio de Derechos Humanos, muestran una marcada tendencia a la baja durante el periodo analizado, al pasar de 285 secuestros registrados en el año 2000 a 65 en 2004. Los municipios más afectados en cada uno de los años analizados fueron Cali y Buenaventura, además de Dagua, Palmira, Tuluá, Florida y Candelaria. Valle ha sido testigo de secuestros como el de los 180 feligreses de la iglesia La María en 1999 y el secuestro de 79 personas en el kilómetro 18 de la vía Cali – Buenaventura, responsabilidad del ELN; y del secuestro de los 12 diputados de la Asamblea del Valle por las FARC.
Sobre los sectores sociales más afectados, el análisis menciona que en 2003 se registraron 9 homicidios de sindicalistas, cifra que aumenta a 10 en 2004. Solo en Cali, entre 2003 y 2004, se presentaron nueve de estos hechos.
Los contactos armados desarrollados por parte de la Fuerza Pública contra los grupos armados ilegales crecieron al pasar de 33 en 2000 a 40 en el último año considerado por el análisis, lo que representa un aumento del 21%. En total, durante el lapso del análisis se cuentan 153 contactos desarrollados por la Fuerza Pública. Estos datos contrastan con las acciones de los grupos armados irregulares, que incluyen actos terroristas, asaltos a poblaciones, ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, emboscadas, hostigamientos y piratería terrestre; estas acciones tienden a la baja al pasar de 105 en el año 2000 a 68 en 2004, lo que significa una reducción del 35% durante los cuatro años estudiados, en los cuales se presentaron un total de 318 acciones de los grupos armados ilegales. En el período analizado, Cali ha sido la más afectada por las acciones de los grupos ilegales: entre 2000 y 2004 se cuentan 143 acciones, lo que representa el 45% del total de estos hechos en el departamento. Buenaventura ha sido el segundo municipio más afectado, con un total de 41 acciones.
El desplazamiento forzado es una de las variables que muestra mayores índices de disminución en el departamento, al pasar de 17.102 personas desplazadas en 2000 a 3.326 en 2004. Según el Observatorio de Derechos Humanos y DIH, “Valle es un departamento receptor no sólo de los habitantes de sus municipios sino también de otras jurisdicciones como el Cauca, Chocó, Antioquia, Huila y algunos departamentos del sur oriente del país”. Buenaventura ha sido el municipio más afectado en el tema de desplazamiento forzado: en 2000, el 38% de los desplazados del Valle salieron de allí; en 2001 y 2003 el 51% y el 71% de las personas desplazadas respectivamente, salieron de este municipio.
Los accidentes, incidentes y víctimas por Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Abandonadas Sin Explotar (MASE), muestran una tendencia al alza durante el período de análisis. Se registran, según datos del Observatorio de Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República 57 eventos: el 18% (10) fueron accidentes y el 82% (47) incidentes. Según el análisis, “de las quince personas heridas por estos artefactos en el departamento durante el periodo, el 27% fueron civiles y el 73% militares. En cuanto a las víctimas fatales (15) en el mismo lapso de tiempo, el 93% fueron militares y el 7% civiles”.
Finalmente, el análisis del Observatorio coteja cifras de los dos primeros meses de 2004 y 2005, según las cuales, se presenta una disminución del 17% en los homicidios en los dos primeros meses de 2005 y una merma igual en las masacres, así como una reducción del 84% en materia de desplazamiento forzado. No obstante, los secuestros en el departamento aumentaron en un 70%.
http://www.derechoshumanos.gov.co/PNA/especialddhhvalleindicadores1.asp
Cali Justicia de Cali, cada vez más cerca del colapso
Abril 16 de 2009
La crisis de la Justicia toca fondo. 1.500 presos podrían salir libres en cuestión de días.
Por Fabio Posada, editor de Orden.
Desde que explotó el carro bomba que destruyó el Palacio de Justicia de la ciudad, hace seis meses y medio, unas 1.500 audiencias de control de garantías en las que se piden recopilar pruebas y libertad de detenidos, entre otras solicitudes, están represadas. Esta situación tiene a punto de salir de la cárcel a igual número de personas que durante ese tiempo fueron capturadas por la comisión de delitos de alto impacto, entre ellos homicidio y ‘fleteo’, ya que los términos de sus investigaciones han vencido o están por vencerse. Eso es lo que advierte un informe que prepara la rama judicial de la ciudad y que fue conocido en exclusiva por El País. “La crisis rebasó las contingencias tomadas, ya no es sólo una cuestión locativa de dónde ubicar a los jueces y fiscales para que impartan justicia, ahora estamos hablando de una crisis de orden público auspiciada por la profunda impunidad que padece Cali”, dice en uno de sus apartes el documento. Lo más revelador del informe es que por primera vez una autoridad local relaciona los altos índices delincuenciales que se vienen registrando en Cali con la impunidad generada por la parálisis de la rama judicial durante los seis meses y medio que han pasado desde la destrucción del Palacio. Uno de los apartes que causa mayor alarma es donde se explica que “debido a la falta de trámite de los procesos civiles, que son los que tienen que ver con deudas y finalización de contratos, se fomenta la creación de oficinas de cobro y aumento del sicariato. Entre los delincuentes locales existe una percepción de que la justicia está relajada”. Estado de emergencia Consultado sobre el tema, Élmer Montaña, director regional de la Comisión de Reparación y Reconciliación de Víctimas, afirmó que, “esta carencia deja sin ninguna posibilidad de recibir justicia a las víctimas del conflicto en relación con sus investigaciones por desapariciones forzada, desplazamiento y crímenes de lesa humanidad”.
Para darse cuenta de la magnitud de esta crisis basta decir que el sistema penal en Cali sólo atiende lo que llega en flagrancia, todo lo demás está paralizado” El personal de la Rama Judicial no alcanza para atender la demanda y mucho menos desde el bombazo, que nos aumentó en un 80% el atraso” Carlina Varela, Presidenta del Consejo Seccional de la JudicaturaMontaña, quien durante varios años fue fiscal en Aguablanca, señala que “la justicia es el elemento fundamental para garantizar la no repetición de la violencia. Por eso lo más grave acá es que la impunidad nos va a generar un reciclaje de las violencias, el principal de todos es que los ciudadanos decidan impartir justicia por su propia mano o traten de arreglar sus problemas acudiendo a la justicia privada”. “Desde la Comisión hacemos un llamado a las autoridades y en especial al Consejo Superior de la Judicatura, para que se declare la emergencia judicial en Cali. Esto permitiría la creación de al menos 80 despachos con jueces del circuito con plena competencia para que puedan conocer todos los asuntos represados”, dice Montaña. El ex fiscal y ahora representante de las víctimas del conflicto armado, advierte que, “cuando más se necesita la aplicación de justicia en el país, la hemos dejado sola. Si en un futuro los caleños asistimos a una salida masiva de presos, el dedo acusador señalará sin duda a los jueces y fiscales, por eso debemos apoyar a la rama judicial por encima de los discursos y los homenajes frívolos”. ¿Y de la plata qué? Alejandro Arenas, miembro de la Colegiatura de Abogados Litigantes de Cali, explica que la grave situación se debe al incumplimiento de todos los anuncios hechos por representantes del Gobierno Nacional, de los ministerios del Interior y Justicia, del Fiscal General, del Consejo Superior de la Judicatura, la bancada parlamentaria del Valle y otras autoridades locales, como la Alcaldía y la Gobernación. “La verdad es que el Palacio se está reconstruyendo con recursos propios de la rama judicial caleña que este año invertirá $9.000 millones y tiene una partida similar para el 2010. Pero esos recursos no alcanzarán para recuperar todo el edificio y su ausencia afecta la celeridad de los trabajos. Hasta ahora no se ha visto un peso de los recursos ofrecidos por los representantes del Gobierno Nacional”, explica el abogado. “Nadie ha dimensionado la crisis por la que atraviesa la justicia de Cali, el Estado con su desidia está obligando a los caleños, y no sólo a los abogados, a salir a la calle y reclamar este derecho fundamental para el sano desarrollo de cualquier sociedad democrática”, concluye Arenas. No es un mal menor Otro tema que el documento trata y por el que reclama mayor atención, es la situación de los menores infractores y el aumento en los índices de su participación en delitos de alto impacto. “Si bien la Alcaldía ha registrado que en buena parte de los homicidios cometidos en las ciudad hay menores vinculados como victimarios, nuestros jueces y magistrados alertan que, además, estos muchachos son reincidentes”, dice el informe. Esta situación se estaría presentando porque, según el documento, el centro de reclusión Valle del Lili es un lugar de puertas abiertas, ya que se han presentando más de 1.200 fugas en este tiempo. “No hay suficiente cupos y las medidas de seguridad requieren más de $4.000 millones en inversión por parte del Icbf, la Alcaldía y la Gobernación, recursos que aún no están listos.” Medidas urgente Según explicó Carlina Varela, presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, esta entidad ha enviado tres proyectos para aliviar y superar la crisis puntual de la justicia en Cali debida a la destrucción del Palacio por una explosión hace seis meses, pero todas estas iniciativas han sido rechazadas por el Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá.
Fuente: El País 16 de Abril
La crisis de la Justicia toca fondo. 1.500 presos podrían salir libres en cuestión de días.
Por Fabio Posada, editor de Orden.
Desde que explotó el carro bomba que destruyó el Palacio de Justicia de la ciudad, hace seis meses y medio, unas 1.500 audiencias de control de garantías en las que se piden recopilar pruebas y libertad de detenidos, entre otras solicitudes, están represadas. Esta situación tiene a punto de salir de la cárcel a igual número de personas que durante ese tiempo fueron capturadas por la comisión de delitos de alto impacto, entre ellos homicidio y ‘fleteo’, ya que los términos de sus investigaciones han vencido o están por vencerse. Eso es lo que advierte un informe que prepara la rama judicial de la ciudad y que fue conocido en exclusiva por El País. “La crisis rebasó las contingencias tomadas, ya no es sólo una cuestión locativa de dónde ubicar a los jueces y fiscales para que impartan justicia, ahora estamos hablando de una crisis de orden público auspiciada por la profunda impunidad que padece Cali”, dice en uno de sus apartes el documento. Lo más revelador del informe es que por primera vez una autoridad local relaciona los altos índices delincuenciales que se vienen registrando en Cali con la impunidad generada por la parálisis de la rama judicial durante los seis meses y medio que han pasado desde la destrucción del Palacio. Uno de los apartes que causa mayor alarma es donde se explica que “debido a la falta de trámite de los procesos civiles, que son los que tienen que ver con deudas y finalización de contratos, se fomenta la creación de oficinas de cobro y aumento del sicariato. Entre los delincuentes locales existe una percepción de que la justicia está relajada”. Estado de emergencia Consultado sobre el tema, Élmer Montaña, director regional de la Comisión de Reparación y Reconciliación de Víctimas, afirmó que, “esta carencia deja sin ninguna posibilidad de recibir justicia a las víctimas del conflicto en relación con sus investigaciones por desapariciones forzada, desplazamiento y crímenes de lesa humanidad”.
Para darse cuenta de la magnitud de esta crisis basta decir que el sistema penal en Cali sólo atiende lo que llega en flagrancia, todo lo demás está paralizado” El personal de la Rama Judicial no alcanza para atender la demanda y mucho menos desde el bombazo, que nos aumentó en un 80% el atraso” Carlina Varela, Presidenta del Consejo Seccional de la JudicaturaMontaña, quien durante varios años fue fiscal en Aguablanca, señala que “la justicia es el elemento fundamental para garantizar la no repetición de la violencia. Por eso lo más grave acá es que la impunidad nos va a generar un reciclaje de las violencias, el principal de todos es que los ciudadanos decidan impartir justicia por su propia mano o traten de arreglar sus problemas acudiendo a la justicia privada”. “Desde la Comisión hacemos un llamado a las autoridades y en especial al Consejo Superior de la Judicatura, para que se declare la emergencia judicial en Cali. Esto permitiría la creación de al menos 80 despachos con jueces del circuito con plena competencia para que puedan conocer todos los asuntos represados”, dice Montaña. El ex fiscal y ahora representante de las víctimas del conflicto armado, advierte que, “cuando más se necesita la aplicación de justicia en el país, la hemos dejado sola. Si en un futuro los caleños asistimos a una salida masiva de presos, el dedo acusador señalará sin duda a los jueces y fiscales, por eso debemos apoyar a la rama judicial por encima de los discursos y los homenajes frívolos”. ¿Y de la plata qué? Alejandro Arenas, miembro de la Colegiatura de Abogados Litigantes de Cali, explica que la grave situación se debe al incumplimiento de todos los anuncios hechos por representantes del Gobierno Nacional, de los ministerios del Interior y Justicia, del Fiscal General, del Consejo Superior de la Judicatura, la bancada parlamentaria del Valle y otras autoridades locales, como la Alcaldía y la Gobernación. “La verdad es que el Palacio se está reconstruyendo con recursos propios de la rama judicial caleña que este año invertirá $9.000 millones y tiene una partida similar para el 2010. Pero esos recursos no alcanzarán para recuperar todo el edificio y su ausencia afecta la celeridad de los trabajos. Hasta ahora no se ha visto un peso de los recursos ofrecidos por los representantes del Gobierno Nacional”, explica el abogado. “Nadie ha dimensionado la crisis por la que atraviesa la justicia de Cali, el Estado con su desidia está obligando a los caleños, y no sólo a los abogados, a salir a la calle y reclamar este derecho fundamental para el sano desarrollo de cualquier sociedad democrática”, concluye Arenas. No es un mal menor Otro tema que el documento trata y por el que reclama mayor atención, es la situación de los menores infractores y el aumento en los índices de su participación en delitos de alto impacto. “Si bien la Alcaldía ha registrado que en buena parte de los homicidios cometidos en las ciudad hay menores vinculados como victimarios, nuestros jueces y magistrados alertan que, además, estos muchachos son reincidentes”, dice el informe. Esta situación se estaría presentando porque, según el documento, el centro de reclusión Valle del Lili es un lugar de puertas abiertas, ya que se han presentando más de 1.200 fugas en este tiempo. “No hay suficiente cupos y las medidas de seguridad requieren más de $4.000 millones en inversión por parte del Icbf, la Alcaldía y la Gobernación, recursos que aún no están listos.” Medidas urgente Según explicó Carlina Varela, presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, esta entidad ha enviado tres proyectos para aliviar y superar la crisis puntual de la justicia en Cali debida a la destrucción del Palacio por una explosión hace seis meses, pero todas estas iniciativas han sido rechazadas por el Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá.
Fuente: El País 16 de Abril
Con plata de caletas se harán 600 apartamentos
Con plata de caletas se harán 600 apartamentos
En Altos de Santa Helena, en el sur, se construirá plan habitacional a partir del próximo año. Entre enero y diciembre del próximo año, la Secretaría de Vivienda de Cali estaría entregando 600 apartamentos que serían construidos con el dinero hallado en las caletas del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’.
La buena nueva se conoció después de más de dos años de que las autoridades encontraran cerca de US$71 millones, 309 lingotes de oro y 178 ‘morrocotas’ en cinco escondrijos, en diferentes puntos de la capital vallecaucana.
Juan Diego Flórez, titular de la dependencia, anunció que las viviendas, de interés social, se harán en la urbanización Altos de Santa Helena, en la Comuna 18.
Asimismo, explicó que desde hace cinco meses se están adelantando las obras que corresponden a la etapa de urbanismo, es decir de vías, acueducto y alcantarillado. Explicó también, que la etapa de construcción de edificios empieza en mayo, pues “ya está lista la licitación y se escogió la firma constructora, proceso que adelantó Comfenalco Valle”, agregó el funcionario.
A este proyecto, según Flórez, se le asignaron $21.500 millones y se construirán 3.000 soluciones habitacionales.
Otro de los planes que serán financiados con este dinero es la Ecociudad de Navarro. Sin embargo, el proyecto apenas está en etapa de formulación, es decir, que la Alcaldía y el Ministerio de Vivienda están adoptando la normatividad que regirá el área donde quedará ubicado. Para este proyecto se destinaron $60.000 millones.
Ante las quejas presentadas por la lentitud del proceso, Juan Diego Flórez manifestó que el retraso se debe a que se trata de uno de los planes más grandes del país y “esa formulación tarda”.
“Son 1.400 hectáreas y 42.000 viviendas. El desarrollo de los estudios, algunos de ellos complementarios, tiene que hacerse de manera prudente porque corremos el riesgo de que hacer algo que no sea beneficioso para la ciudad o repitamos experiencias de proyectos de vivienda que no tuvieron el suficiente espacio para su diseño urbanístico y ecológico”, dijo.
Este proceso, añadió Florez, se podría extender unos tres o cuatro meses más para que “la formulación sea correcta y tenga la carta de navegación para vivienda de interés social de los próximos diez años”. De todas formas, aclaró que esto no repercutirá en atrasos para el proyecto, que se espera que la construcción arranque el próximo año.
El Secretario de Vivienda reiteró que el avance de Santa Helena se debe a que el dinero de las caletas ($81.000 millones) se consignó en el Ministerio de Vivienda bajo la figura de patrimonio autónomo, y en Alianza Fiduciaria, que se seleccionó a través de un concurso público.
“El Ministerio de Hacienda apalancó los proyectos a través un crédito puente que le otorgó al Ministerio de Vivienda, respaldado con los recursos de las caletas, que están en la fiduciaria, es decir, que recibimos la plata por adelantado y los proyectos estaban garantizados”, dijo.
El dinero es original
Después de que se conoció que los dólares incautados son verdaderos, el siguiente paso es consignarlo en las cuentas de la Dirección Nacional de Estupefacientes para que, a su vez, se cancele el crédito que el Ministerio de Hacienda le otorgó al de Vivienda. Así lo señaló el director de Estupefacientes, Carlos Albornoz, quien explicó que “como ya se extinguieron (los dineros), ahora si los podemos llevar a EE.UU. para el proceso de certificación de autenticidad de los billetes y de consignación en las cuentas de la Dirección de Estupefacientes”.
Compran lotes en Buenaventura
Las autoridades de Buenaventura avanzan en el proceso de compra de los lotes de terreno donde se ubicarán las 3.400 viviendas para igual número de familias. Ellas hacen parte del macroproyecto de vivienda que adelanta el Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda y la alcaldía local para lo cual se disponen de más de $94.000 millones de pesos, producto de los dineros de las caletas del narcotrafico ubicadas en Cali. El proyecto de vivienda estará ubicado en el barrio El Triunfo, frente de las dependencias de la Universidad del Pacífico, entidad que tiene a su cargo el diseño de estas viviendas que serán habitadas por más de 17.000 personas procedentes de las zonas de baja mar de la parte insular de Buenaventura. Las viviendas se repartirán en dos bloques, uno de 214 hectáreas, conocido como San Antonio, que está sobre el estero del mismo nombre y otro de 64 hectáreas, conocido como La Esperanza.
Fuente: El País 16 de Abril
En Altos de Santa Helena, en el sur, se construirá plan habitacional a partir del próximo año. Entre enero y diciembre del próximo año, la Secretaría de Vivienda de Cali estaría entregando 600 apartamentos que serían construidos con el dinero hallado en las caletas del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’.
La buena nueva se conoció después de más de dos años de que las autoridades encontraran cerca de US$71 millones, 309 lingotes de oro y 178 ‘morrocotas’ en cinco escondrijos, en diferentes puntos de la capital vallecaucana.
Juan Diego Flórez, titular de la dependencia, anunció que las viviendas, de interés social, se harán en la urbanización Altos de Santa Helena, en la Comuna 18.
Asimismo, explicó que desde hace cinco meses se están adelantando las obras que corresponden a la etapa de urbanismo, es decir de vías, acueducto y alcantarillado. Explicó también, que la etapa de construcción de edificios empieza en mayo, pues “ya está lista la licitación y se escogió la firma constructora, proceso que adelantó Comfenalco Valle”, agregó el funcionario.
A este proyecto, según Flórez, se le asignaron $21.500 millones y se construirán 3.000 soluciones habitacionales.
Otro de los planes que serán financiados con este dinero es la Ecociudad de Navarro. Sin embargo, el proyecto apenas está en etapa de formulación, es decir, que la Alcaldía y el Ministerio de Vivienda están adoptando la normatividad que regirá el área donde quedará ubicado. Para este proyecto se destinaron $60.000 millones.
Ante las quejas presentadas por la lentitud del proceso, Juan Diego Flórez manifestó que el retraso se debe a que se trata de uno de los planes más grandes del país y “esa formulación tarda”.
“Son 1.400 hectáreas y 42.000 viviendas. El desarrollo de los estudios, algunos de ellos complementarios, tiene que hacerse de manera prudente porque corremos el riesgo de que hacer algo que no sea beneficioso para la ciudad o repitamos experiencias de proyectos de vivienda que no tuvieron el suficiente espacio para su diseño urbanístico y ecológico”, dijo.
Este proceso, añadió Florez, se podría extender unos tres o cuatro meses más para que “la formulación sea correcta y tenga la carta de navegación para vivienda de interés social de los próximos diez años”. De todas formas, aclaró que esto no repercutirá en atrasos para el proyecto, que se espera que la construcción arranque el próximo año.
El Secretario de Vivienda reiteró que el avance de Santa Helena se debe a que el dinero de las caletas ($81.000 millones) se consignó en el Ministerio de Vivienda bajo la figura de patrimonio autónomo, y en Alianza Fiduciaria, que se seleccionó a través de un concurso público.
“El Ministerio de Hacienda apalancó los proyectos a través un crédito puente que le otorgó al Ministerio de Vivienda, respaldado con los recursos de las caletas, que están en la fiduciaria, es decir, que recibimos la plata por adelantado y los proyectos estaban garantizados”, dijo.
El dinero es original
Después de que se conoció que los dólares incautados son verdaderos, el siguiente paso es consignarlo en las cuentas de la Dirección Nacional de Estupefacientes para que, a su vez, se cancele el crédito que el Ministerio de Hacienda le otorgó al de Vivienda. Así lo señaló el director de Estupefacientes, Carlos Albornoz, quien explicó que “como ya se extinguieron (los dineros), ahora si los podemos llevar a EE.UU. para el proceso de certificación de autenticidad de los billetes y de consignación en las cuentas de la Dirección de Estupefacientes”.
Compran lotes en Buenaventura
Las autoridades de Buenaventura avanzan en el proceso de compra de los lotes de terreno donde se ubicarán las 3.400 viviendas para igual número de familias. Ellas hacen parte del macroproyecto de vivienda que adelanta el Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda y la alcaldía local para lo cual se disponen de más de $94.000 millones de pesos, producto de los dineros de las caletas del narcotrafico ubicadas en Cali. El proyecto de vivienda estará ubicado en el barrio El Triunfo, frente de las dependencias de la Universidad del Pacífico, entidad que tiene a su cargo el diseño de estas viviendas que serán habitadas por más de 17.000 personas procedentes de las zonas de baja mar de la parte insular de Buenaventura. Las viviendas se repartirán en dos bloques, uno de 214 hectáreas, conocido como San Antonio, que está sobre el estero del mismo nombre y otro de 64 hectáreas, conocido como La Esperanza.
Fuente: El País 16 de Abril
¿Y la Seguridad Social qué?
¿Y la Seguridad Social qué?
Por Demetrio Arabia
Irónicamente, en nuestro país hay más pobres que están trabajando, que pobres consiguiendo trabajo.
Definitivamente la vida es un paseo sin rumbo y sin horarios. Ayer, (martes) estuvieron en mi programa radial los pianistas Rodrigo Valencia y Francesca Maggini, anunciando su presentación en la sala Beethoven. Doce horas después me avisan que el maestro Valencia —quien regresó a su tierra tras 50 años de residir en Italia— murió de un infarto fulminante. (Esta forma de dejar huella, es para los privilegiados que saben que lo trascendente es invisible para los ojos. Un “au claire de la lune” en su tumba, Maestro).
De Clarita Zawadsky se ha dicho mucho, valdría la pena agregar que su indomable carácter le permitió vivir sujetando sus pasiones para diariamente repetir: “He vivido”. (Su vida; una enseñanza. Su muerte, un tatuaje en el alma)
Dejemos ya tanto discurso acerca de la pobreza y propiciemos espacios para empleos decentes. Buena parte de los analistas propenden por la creación de empleo, como salida para enfrentar la crisis, pero olvidan que el empleo miserable, causado por la disminución del poder de compra del actual salario y, aumentado en impuestos y seguros personales, agrava el drama laboral, antes que resolverlo. Todos hablan de la defensa de los desempleados —sin solucionar nada— pero hábilmente esconden su responsabilidad al saber que quienes trabajan son cada vez más pobres. (Irónicamente hay más pobres trabajando que pobres consiguiendo trabajo).
Javier Merino, a sus 84 años, sigue incansable y ya está invitando a todos los tenistas a inscribirse en la próxima Copa Terpel a beneficio de los niños con cáncer de la Fundación Divina Providencia. Para esta ocasión, el piloso de Merino logró conseguir las raquetas de Rafael Nadal y Jelena Jankovic para ser rifadas entre los participantes. (Hombres como Javier Merino, no son necesarios; son imprescindibles).
Al pastorcito mentiroso de apellido Valencia Cossio: ¿Para qué radica otra reforma política que propone eventuales sanciones después del 2010, en vez de pedirle –urgentemente- al Congreso que apruebe una reforma para que haya cero corrupción en las próximas elecciones?
Lo dijo Sigifredo López en Madrid: “La única alternativa que tiene un desempleado colombiano para sobrevivir, es la guerrilla”.
Pregunta para el Cheché Hernández: ¿Se nos acabó la carreta y ya no quedan más demandas… Y ya está mamado?
Pregunta para el alcalde Jorge Iván Ospina: ¿Sabe por qué el Parque Panamericano tiene 37 mástiles? (Porque allí se deben izar las 37 banderas de los países panamericanos. Nada más).
Al oído de Juan Carlos Abadía: Si no tiene a quién nombrar en la gerencia de Telepacífico les sugiero a Luz Adriana La Torre, Fabio Larrahondo, Lorena Mendoza y Patricia López. (Usted dirá…)
Del Filósofo de Rozo: Nunca es tan débil un hombre como cuando una mujer le dice que es muy fuerte…
Fuente: El País 16 de Abril
Por Demetrio Arabia
Irónicamente, en nuestro país hay más pobres que están trabajando, que pobres consiguiendo trabajo.
Definitivamente la vida es un paseo sin rumbo y sin horarios. Ayer, (martes) estuvieron en mi programa radial los pianistas Rodrigo Valencia y Francesca Maggini, anunciando su presentación en la sala Beethoven. Doce horas después me avisan que el maestro Valencia —quien regresó a su tierra tras 50 años de residir en Italia— murió de un infarto fulminante. (Esta forma de dejar huella, es para los privilegiados que saben que lo trascendente es invisible para los ojos. Un “au claire de la lune” en su tumba, Maestro).
De Clarita Zawadsky se ha dicho mucho, valdría la pena agregar que su indomable carácter le permitió vivir sujetando sus pasiones para diariamente repetir: “He vivido”. (Su vida; una enseñanza. Su muerte, un tatuaje en el alma)
Dejemos ya tanto discurso acerca de la pobreza y propiciemos espacios para empleos decentes. Buena parte de los analistas propenden por la creación de empleo, como salida para enfrentar la crisis, pero olvidan que el empleo miserable, causado por la disminución del poder de compra del actual salario y, aumentado en impuestos y seguros personales, agrava el drama laboral, antes que resolverlo. Todos hablan de la defensa de los desempleados —sin solucionar nada— pero hábilmente esconden su responsabilidad al saber que quienes trabajan son cada vez más pobres. (Irónicamente hay más pobres trabajando que pobres consiguiendo trabajo).
Javier Merino, a sus 84 años, sigue incansable y ya está invitando a todos los tenistas a inscribirse en la próxima Copa Terpel a beneficio de los niños con cáncer de la Fundación Divina Providencia. Para esta ocasión, el piloso de Merino logró conseguir las raquetas de Rafael Nadal y Jelena Jankovic para ser rifadas entre los participantes. (Hombres como Javier Merino, no son necesarios; son imprescindibles).
Al pastorcito mentiroso de apellido Valencia Cossio: ¿Para qué radica otra reforma política que propone eventuales sanciones después del 2010, en vez de pedirle –urgentemente- al Congreso que apruebe una reforma para que haya cero corrupción en las próximas elecciones?
Lo dijo Sigifredo López en Madrid: “La única alternativa que tiene un desempleado colombiano para sobrevivir, es la guerrilla”.
Pregunta para el Cheché Hernández: ¿Se nos acabó la carreta y ya no quedan más demandas… Y ya está mamado?
Pregunta para el alcalde Jorge Iván Ospina: ¿Sabe por qué el Parque Panamericano tiene 37 mástiles? (Porque allí se deben izar las 37 banderas de los países panamericanos. Nada más).
Al oído de Juan Carlos Abadía: Si no tiene a quién nombrar en la gerencia de Telepacífico les sugiero a Luz Adriana La Torre, Fabio Larrahondo, Lorena Mendoza y Patricia López. (Usted dirá…)
Del Filósofo de Rozo: Nunca es tan débil un hombre como cuando una mujer le dice que es muy fuerte…
Fuente: El País 16 de Abril
lunes, 13 de abril de 2009
Seguridad ciudadana
Seguridad ciudadana
En el cuatrienio 2000-2004 la ciudad presentaba un altísimo número de homicidios de 90 por cada 100.000 habitantes.Según estadísticas del 2006 aunque hubo una leve mejoría con respecto al 2005, la ciudad aún se puede considerar insegura con una tasa de homicidios de 74 por cada 100.000 habitantes,alta comparada con Bogotá (18,8) y Medellín (28). Entre las tres principales ciudades del país Cali tiene la menor inversión en seguridad. En el 2006 el presupuesto en seguridad de Medellín (un poco más poblada que Cali) fue más de 4 veces superior al de Cali, mientras el de Bogotá (3,5 veces más poblada) fue más de 7 veces superior.
En el cuatrienio 2000-2004 la ciudad presentaba un altísimo número de homicidios de 90 por cada 100.000 habitantes.Según estadísticas del 2006 aunque hubo una leve mejoría con respecto al 2005, la ciudad aún se puede considerar insegura con una tasa de homicidios de 74 por cada 100.000 habitantes,alta comparada con Bogotá (18,8) y Medellín (28). Entre las tres principales ciudades del país Cali tiene la menor inversión en seguridad. En el 2006 el presupuesto en seguridad de Medellín (un poco más poblada que Cali) fue más de 4 veces superior al de Cali, mientras el de Bogotá (3,5 veces más poblada) fue más de 7 veces superior.
Definición de los Derechos Humanos
Derechos humanos
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Para el artículo referente a la declaración de la ONU sobre los derechos humanos, véase Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Derechos humanos. Pintura mural en Saint-Josse-ten-Noode (Bélgica). El texto resume los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los derechos humanos (abreviado como DD.HH.) son, de acuerdo con diversas filosofías jurídicas, aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros.
Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados.Según la concepción iusnaturalista tradicional, son además atemporales e independientes de los contextos sociales e históricos.
Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente.Legalmente, se reconocen en el Derecho interno de numerosos Estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del Derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual, y el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades.Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos; y también claros problemas en cuanto a su eficacia, dado que existe una gran desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente.
La doctrina ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar los derechos humanos. Normalmente se dividen en dos categorías: derechos positivos y derechos negativos. Los derechos negativos, como el derecho a la intimidad, se definen exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia; los derechos positivos, por el contrario, imponen a otros agentes, tradicionalmente –aunque ya no de manera exclusiva– el Estado,la realización de determinadas actividades positivas. Otra clasificación muy extendida es la que ordena los derechos humanos en tres o más generaciones, atendiendo por lo general al momento histórico en que se produjo o produce su reivindicación.
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Para el artículo referente a la declaración de la ONU sobre los derechos humanos, véase Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Derechos humanos. Pintura mural en Saint-Josse-ten-Noode (Bélgica). El texto resume los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los derechos humanos (abreviado como DD.HH.) son, de acuerdo con diversas filosofías jurídicas, aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros.
Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados.Según la concepción iusnaturalista tradicional, son además atemporales e independientes de los contextos sociales e históricos.
Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente.Legalmente, se reconocen en el Derecho interno de numerosos Estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del Derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual, y el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades.Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos; y también claros problemas en cuanto a su eficacia, dado que existe una gran desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente.
La doctrina ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar los derechos humanos. Normalmente se dividen en dos categorías: derechos positivos y derechos negativos. Los derechos negativos, como el derecho a la intimidad, se definen exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia; los derechos positivos, por el contrario, imponen a otros agentes, tradicionalmente –aunque ya no de manera exclusiva– el Estado,la realización de determinadas actividades positivas. Otra clasificación muy extendida es la que ordena los derechos humanos en tres o más generaciones, atendiendo por lo general al momento histórico en que se produjo o produce su reivindicación.
viernes, 3 de abril de 2009
Caleños le dijeron “no más” al fleteo
Mi comentario procede del siguiente texto: http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Abril032009/cali4.html
Es importante que todos los caleños nos sintamos identificados, con la causa, pues si todos nos unimos y rechazamos estos actos de violencia que están causando daño constantemente a los derechos humanos de la sociedad caleña. Y así todos unidos acabaremos colaboraremos a que estas situaciones no se vuelvan a presentar en la ciudad y en Colombia.
Es importante que todos los caleños nos sintamos identificados, con la causa, pues si todos nos unimos y rechazamos estos actos de violencia que están causando daño constantemente a los derechos humanos de la sociedad caleña. Y así todos unidos acabaremos colaboraremos a que estas situaciones no se vuelvan a presentar en la ciudad y en Colombia.
"Los caleños no colaboran para frenar la violencia”
Mi comentario procede del siguiente texto http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Abril032009/jud1.html
Desde mi punto de vista la ciudad lo que necesita es una reestructuración en el tema de seguridad, ya que en entre la mismas autoridades hay un alto grado de corrupción, y esto trae altas repercuciones en la sociedad caleña, ya que mucho de los delincuentes hacen parte de instituciones estatales de seguridad como la Sigin, la Policia, El Das, etc. Y pones màs seguridad en los sitios en donde se presentan altos grados de violencia.
Desde mi punto de vista la ciudad lo que necesita es una reestructuración en el tema de seguridad, ya que en entre la mismas autoridades hay un alto grado de corrupción, y esto trae altas repercuciones en la sociedad caleña, ya que mucho de los delincuentes hacen parte de instituciones estatales de seguridad como la Sigin, la Policia, El Das, etc. Y pones màs seguridad en los sitios en donde se presentan altos grados de violencia.
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